En su décima legislatura, el Gobierno de Canarias establece la necesidad de lograr la búsqueda de una mayor justicia social en las Islas, dando prioridad a las personas. En la consecución de una economía más solidaria que apueste por una distribución más equitativa de la riqueza, también se avanza en la propuesta de la preservación del medio ambiente, como respuesta al cambio climático con el fin de consolidar un modelo de desarrollo más seguro, competitivo y sostenible en el tiempo.

Con la firma el 30 de mayo de 2020, nace el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que incluyó medidas que ya se estaban adoptando y que se constituirían en un Plan con iniciativas y partidas presupuestarias concretas.

El Pacto y el Plan destacan las singularidades de Canarias: lejanía, insularidad y características socioeconómicas reconocidas por la UE como región ultraperiférica (RUP), y en el Estado, dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF) y en el Estatuto de Autonomía. El texto insta a los representantes políticos del Archipiélago, en las instituciones nacionales y europeas, a la defensa y el cumplimiento de estas  peculiaridades solicitando a los agentes económicos y sociales su contribución al diálogo y el consenso.

La crisis derivada de la pandemia de la covid-19 está teniendo graves consecuencias en la sociedad y la economía de las Islas. Su impacto ha dado de lleno en nuestro principal motor económico, el turismo. Con la elaboración del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias de carácter plurianual, con ficha financiera y siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible, y con el consenso de los agentes económicos y sociales y administraciones, se establece una hoja de ruta para la reconstrucción social y económica del archipiélago.